La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto una sanción de 403 millones de euros a Google Ireland Limited al considerar que la compañía incumplió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el tratamiento de la información de geolocalización de sus usuarios. La resolución, que impone una de las sanciones más cuantiosas dictadas por el organismo irlandés desde la entrada en vigor de la norma europea en mayo de 2018, concede a la empresa un plazo de seis meses para ajustar sus operaciones a la normativa comunitaria.
La sanción es el resultado de una investigación iniciada en febrero de 2020, motivada por una serie de denuncias presentadas por organizaciones de consumidores europeas, entre ellas la Organización Europea de Uniones de Consumidores (BEUC). El procedimiento analizó el tratamiento de los datos de localización recabados por distintas vías técnicas entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
El examen de la DPC se centró en tres herramientas integradas en los servicios de Google: “Actividad en la Web y en Aplicaciones”, “Historial de ubicaciones” y “Precisión de la ubicación”. Según las conclusiones del organismo, el funcionamiento de estos apartados vulneró los principios de licitud, transparencia y responsabilidad proactiva que exige el RGPD.
La autoridad determinó que la compañía conservó los datos de ubicación durante periodos que excedían lo estrictamente necesario, lo que se tradujo en una pérdida de control de los usuarios sobre su propia información. Asimismo, concluyó que las configuraciones por defecto y los flujos de interfaz vigentes durante el periodo investigado dificultaban que los titulares de las cuentas comprendieran el verdadero alcance del rastreo geográfico al que estaban expuestos.
La compañía ha señalado que la investigación se refiere a prácticas y configuraciones que estuvieron vigentes hace varios años y que desde 2019 han introducido cambios en la gestión de los datos de localización, incorporando nuevas herramientas de control para los usuarios y opciones para limitar la precisión de la ubicación almacenada en las búsquedas.
La decisión se suma a un historial sancionador que ya supera los 4.000 millones de euros acumulados por la DPC desde 2018, organismo que ostenta la competencia principal sobre las grandes tecnológicas estadounidenses con sede europea en Irlanda.
El plazo de seis meses otorgado por el regulador obligará a Google a revisar sus interfaces, sus políticas de retención de datos y sus mecanismos de consentimiento en todo el Espacio Económico Europeo.