FELIPE II Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Parece ser que el rey Felipe II, que era un hombre de firmes principios morales y religiosos, quería contratar a su servicio a un joven licenciado de la Universidad de Salamanca sobre el que circulaban algunos rumores en la corte, quien sabe si difundidos de manera maliciosa por algún rival. El rey resolvió salir de dudas solicitando un informe sobre la vida privada del joven al rector de la Universidad de Salamanca, cosas del estilo de si se sabía si había asistido a misa regularmente durante su época de estudiante, o si se la había visto en compañía de personas de mala reputación o en lugares de lenocinio.
El rector, en primera instancia, dio la callada por respuesta, pensando que a lo mejor el monarca se olvidaba del asunto, pero cuando este reiteró su petición con el recordatorio de la obligación de obedecer al rey, el rector le respondió que por encima del Rey estaba la Ley Natural y que ésta exigía respetar la intimidad del joven licenciado. El monarca, al que la leyenda negra nos presenta como un déspota enloquecido, acató la decisión del rector y aquel día aprendió de protección de datos, porque de eso va nuestra disciplina: de proteger la esfera privada de las personas frente a un posible abuso de los poderes públicos o actores privados.
Hace años, la protección de datos se explicaba como el sistema de normas que faculta a las personas a decidir qué datos personales quieren conservar para ellos mismos y qué datos, compartir con los demás. Hoy en día, esta visión de la protección de datos parece un poco anticuada en la medida que se da un poco de bruces con nuestra realidad tecnológica y con la constatación de que el Estado obliga a los ciudadanos a revelar muchos datos personales que probablemente la mayoría de nosotros preferiríamos conservar en nuestra esfera privada. Piénsese por ejemplo en las bases de datos del Ministerio de Hacienda o los datos de naturaleza sanitaria que se están recogiendo para la lucha contra la pandemia de Covid 19.
Por tanto, en un mundo cada vez más digitalizado y datificado, lo verdaderamente importante no es tanto la facultad de poder controlar férreamente nuestros datos personales y el uso que de ellos hacen otros actores, sino que el que el tratamiento que las administraciones y los actores privados hagan de nuestros datos sea razonable y respetuoso, como ese rector de la Universidad de Salamanca que protegió valientemente la esfera privada del joven bachiller frente al rey.
No se trata de que la ciudadanía pase sus fines de semana y sus vacaciones ejercitando los derechos que les otorga el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), indagando si las empresas y administraciones públicas con las que interactúa están tratando bien sus datos y, en caso contrario, denunciando frente a la AEPD. De lo que se trata es de que impere una fuerte cultura de protección de datos en las empresas y en las administraciones públicas, con independencia de si los ciudadanos reclaman sus derechos o no. En el caso de las administraciones públicas, la protección de datos debe normalizarse como una parte esencial del principio de buena administración, y en el caso de las empresas, debe ser por diseño y por defecto, con delegados de protección de datos integrados naturalmente en los sistemas de auditoría interna y control de calidad. Eso es lo que dice el RGPD y ese es el camino que nos marca la Unión Europea que es líder mundial en la materia.
En estos días en los que está en marcha la renovación de la jefatura de la AEPD, esta historia del poderoso rey que supo respetar al rector de la Universidad de Salamanca y la vida privada del joven bachiller debería servirnos como ejemplo de lo importante que es preservar la esfera privada de las personas y el imperio de la ley. Los ciudadanos se merecen una AEPD plenamente independiente y liderada por las personas más capaces según criterios objetivos de mérito y capacidad, como marca la ley. Sólo así podrá nuestro país seguir avanzando por la senda que nos ha marcado la Unión Europea: garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos en el mundo digital, con tecnologías cada vez más humanas y respetuosas con las personas.
FUENTE: Abogacía Española